La disputa entre los canteros de Colina y la inmobiliaria que impulsa la urbanización de esa zona de Chicureo pudo resolverse en enero a favor de los artesanos de la piedra, pero la ex ministra de Educación, Carolina Schmidt, no quiso. Aunque desde 2010 el Consejo de Monumentos Nacionales aprobó en dos ocasiones proteger las canteras, los cinco ministros de Educación que hubo en ese periodo no firmaron el decreto respectivo. La ex ministra Schmidt fue más lejos y pidió reiniciar el proceso desde cero. En paralelo la inmobiliaria fue beneficiada por un fallo arbitral que le entrega la propiedad de las canteras.

En enero de 2010, el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) decidió que el pueblo de Las Canteras de Colina y gran parte de los yacimientos de piedra que explotan los artesanos que allí viven, merecían protección patrimonial. Con esa resolución, la millonaria urbanización que ya estaba desarrollando en ese lugar la Inmobiliaria La Reserva Limitada, se iba a pique. Pero para que ello ocurriera faltaba aún la firma de la ministra de Educación, en ese entonces, Mónica Jiménez de la Jara (actual embajadora ante el Vaticano). La ministra nunca firmó. Tampoco lo hizo ninguno de sus sucesores en el gobierno siguiente: Joaquín Lavín, Felipe Bulnes, Harald Bayer y Carolina Schmidt. Esa firma es la última posibilidad de sobrevivencia para esa comunidad de artesanos, la que desde hace años ha perdido la batalla una y otra vez en tribunales al ser engañados por sus propios dirigentes y por su primer abogado, Álvaro Baeza, quien está acusado de prevaricación.

“ACUERDO MARCO”

Fue en la década de los ’80 que el Grupo Harseim –ex dueños del Hotel Ritz Carlton– compró las 815,9 hectáreas que conforman el ex Fundo Las Canteras, en Chicureo. Era entonces una zona completamente rural y es ahora uno de los suburbios preferidos de la clase alta. A través de la Inmobiliaria La Reserva urbanizaron tres sectores de esos terrenos hasta que se toparon con unos vecinos incómodos: la Asociación Gremial de Trabajadores Canteros de Colina, que desde 1884 explota el basalto, la piedra que se ocupa principalmente para la elaboración de adoquines. Son dueños de unas 300 hectáreas de pertenencias mineras. El conflicto era inevitable. Ambos bandos alegan tener derechos sobre un área de aproximadamente 260 hectáreas, y tanto la inmobiliaria como los canteros tienen razón. Mientras la primera tenía inscrito a su nombre la superficie del terreno, los segundos poseían derechos para explotar lo que hay bajo tierra.

UN MONUMENTO NACIONAL FALLIDO

La primera vez que el CMN votó y aprobó la declaratoria a favor de los canteros de Colina fue en enero de 2010, cuando la entidad era presidida por la ministra de Educación de Michelle Bachelet,Mónica Jiménez. Las pertenencias mineras y el pueblo de los canteros quedaron protegidos al ser calificados como Zona Típica. Al mismo tiempo, se declaró como Monumento Histórico otras dos canteras en desuso (ver mapa). Al menos en el papel. Porque aunque la propuesta fue aprobada en el consejo por ocho votos a favor y tres abstenciones, Mónica Jiménez nunca firmó el decreto que oficializaba la decisión. Cuando terminó su período dos meses más tarde, era como si el CMN nunca hubiera aprobado nada.

Hasta ahora no hay señales respecto de cómo enfrentará este tema el nuevo ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre. Sobre lo que sí hay certeza es que, en este momento, con el fallo arbitral sobre el “acuerdo marco” favorable a la empresa y sin un decreto que proteja las canteras, el megaproyecto de urbanización tiene luz verde. Para apurar el desenlace, en marzo de este año Inmobiliaria La Reserva Limitada presentó una demanda en el Juzgado de Letras de Colina para que los artesanos cumplan el fallo del “acuerdo marco” y le entreguen sus pertenencias mineras. Ese proceso sigue abierto. También sigue en curso la causa criminal que interpusieron los canteros contra su ex abogado.

info: ciperchile